General Motors pagará 12,75 millones de dólares, unos 11,8 millones de euros, por la venta de datos de conductores
General Motors ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de California por el que el fabricante abonará 12,75 millones de dólares, unos 11,8 millones de euros, en sanciones civiles por la presunta venta ilegal de datos de conductores y de localización. El caso se centra en información recopilada a través de OnStar y supone la mayor sanción económica hasta la fecha en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California, más conocida como CCPA.
GM vendió datos a dos intermediarios
Según el fiscal general de California, General Motors vendió entre 2020 y 2024 los nombres, datos de contacto, información de localización y datos sobre el comportamiento al volante de cientos de miles de conductores californianos. Los compradores fueron dos intermediarios de datos, LexisNexis Risk Solutions y Verisk Analytics. La información procedía de OnStar, el servicio de coche conectado de GM.
Las autoridades señalaron que esos intermediarios utilizaron los datos para desarrollar productos que podían ofrecerse a compañías de seguros para evaluar el riesgo de los conductores. No obstante, el comunicado oficial de California subrayó que los conductores del estado no sufrieron directamente un aumento de las primas, ya que la legislación californiana prohíbe usar este tipo de datos de conducción para fijar tarifas de seguros.
El acuerdo introduce nuevas restricciones
El acuerdo aún debe recibir la aprobación judicial. En virtud de sus condiciones, GM deberá pagar 12,75 millones de dólares, unos 11,8 millones de euros, en sanciones civiles, dejar de vender durante cinco años datos de conducción a empresas de informes de consumo y eliminar los datos de conducción almacenados en un plazo de 180 días, salvo que el cliente otorgue un consentimiento claro para su uso.
GM también deberá pedir a LexisNexis y Verisk que eliminen los datos que recibieron, y crear un programa de privacidad más sólido para evaluar los riesgos y el cumplimiento legal de la información recopilada a través de OnStar conforme a la legislación de California.
La actuación federal llegó primero
Las prácticas de GM en materia de datos ya habían despertado la atención de las autoridades en Estados Unidos. En enero de 2026, la Comisión Federal de Comercio aprobó una orden que prohíbe durante cinco años a GM y OnStar compartir con empresas de informes de consumo los datos de localización y comportamiento al volante de los consumidores. Según la denuncia previa de la FTC, GM no explicó con suficiente claridad a sus clientes que la función Smart Driver recopilaba datos precisos de localización y comportamiento al volante y los vendía a terceros.
El caso de California se diferencia de la actuación federal sobre todo por el dinero. El acuerdo con la FTC imponía principalmente una prohibición y la amenaza de sanciones por futuros incumplimientos. El pacto en California sí pasa una factura económica directa a GM.
Los coches conectados traen riesgos conectados
Las autoridades de California estimaron que GM obtuvo en todo Estados Unidos unos 20 millones de dólares, alrededor de 18,5 millones de euros, por la venta de esos datos. Eso sitúa el acuerdo de 12,75 millones de dólares, unos 11,8 millones de euros, en un contexto más amplio. Un coche conectado ya no es solo un vehículo. También es una plataforma digital que sigue observando, registrando e informando.
Para los fabricantes, la cuestión es cada vez más difícil de esquivar. Cuando un vehículo recopila datos de ubicación, velocidad, frenadas y hábitos de conducción, los clientes deben saber por qué existen esos datos, quién los recibe y cómo pueden negarse. El caso de GM muestra que los datos pueden generar ingresos adicionales, pero sin consentimiento ni transparencia pueden convertirse rápidamente en un problema legal y en un golpe reputacional.
