Arkansas prohíbe a la policía de Parkin multar en carreteras estatales y federales hasta 2030

La decisión no retira a la policía de Parkin todas sus competencias de orden público ni afecta a todas las calles. El fiscal del primer distrito judicial, Todd Murray, ordenó a Parkin dejar de patrullar las carreteras federales y estatales situadas dentro de los límites administrativos de la ciudad. La prohibición estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030.

En la práctica, esto significa que la policía local no podrá realizar por su cuenta controles de tráfico en esos tramos. Si un agente incumple la orden, cada citación o multa emitida podría dar lugar a una acusación por falta. La vigilancia en las vías afectadas pasará a Arkansas State Police y a la oficina del sheriff del condado de Cross.

Según Murray, la policía de Parkin utilizó la aplicación de la legislación penal y de tráfico principalmente para aumentar los ingresos del municipio, y no para garantizar la seguridad pública. La investigación comenzó en 2024, después de repetidas quejas de conductores que denunciaban prácticas abusivas de sanción.

Arkansas Legislative Audit concluyó que Parkin recaudó en 2024 un total de 284.752 dólares en multas y costas, una cifra que superó en 60.953 dólares el límite del 30 por ciento fijado por la ley estatal contra las llamadas "speed traps", o trampas de velocidad.

Parkin es una ciudad pequeña. Según el censo de 2020, tenía 794 habitantes, y los datos más recientes de la ACS sitúan su población en unos 694. En un municipio de ese tamaño, unos ingresos por multas cercanos a los 285.000 dólares adquieren una sensibilidad política y jurídica especialmente alta.

La "Speed Trap Law" de Arkansas faculta al director de la policía estatal para investigar si un municipio abusa de sus poderes policiales mediante trampas ilegales. La norma presume ese abuso, entre otros supuestos, cuando los ingresos por infracciones de tráfico superan el 30 por ciento de los gastos computables del municipio o cuando más de la mitad de los excesos de velocidad corresponden a infracciones de hasta 10 millas por hora por encima del límite.

La misma ley permite al fiscal imponer una sanción: el municipio debe dejar de patrullar las carreteras afectadas o destinar los futuros ingresos por multas y costas judiciales al fondo escolar del condado. En el caso de Parkin, Murray optó por la primera vía.

Según KAIT, Murray también señaló en su decisión que la reputación de Parkin como trampa no surgió de la noche a la mañana. La ciudad ya había atraído atención por este mismo asunto en un reportaje de televisión de 2007, y Arkansas Democrat-Gazette informó sobre sus prácticas sancionadoras desde 2018. Por tanto, el problema de Parkin no fue un exceso aislado, sino un patrón repetido que la supervisión estatal consideró un abuso de poder policial.

Esto no significa que vaya a desaparecer la vigilancia del tráfico en Parkin. Al contrario, la policía estatal y la oficina del sheriff del condado asumirán el patrullaje de los tramos afectados. Lo que cambia es quién controla esas vías: la policía local, cuya actuación el fiscal vinculó a un motivo recaudatorio, se retira de esas carreteras y la vigilancia pasa a instancias superiores. La decisión también lanza un mensaje claro a otros municipios. La multa puede ser una herramienta de seguridad vial, pero cuando los ingresos por sanciones empiezan a llenar el presupuesto, la labor policial entra en una crisis de confianza.