Las acusaciones de carrera ilegal arrastran a altos mandos policiales al escándalo por un choque en Kazajistán
Lo ocurrido en Almaty nunca iba a quedarse en un simple caso de tráfico. En la madrugada del 21 de marzo, en la avenida Al Farabi, un Zeekr invadió el carril contrario y chocó de frente con un Mercedes. El conductor del Mercedes, de 29 años, y dos mujeres de 20 y 22 años murieron en el acto. El conductor del Zeekr sobrevivió y fue hospitalizado. Desde ese momento, el caso dejó de ser solo un accidente.
La dimensión política llegó casi de inmediato. En redes sociales se difundió que el Zeekr podría haber participado en una carrera callejera nocturna y que uno de los supuestos implicados era un coche de servicio vinculado a un alto cargo de la policía de Almaty. El diputado Murat Abenov exigió públicamente explicaciones al Ministerio del Interior. Así, la historia pasó rápidamente de la conducción temeraria a una sospecha más grave: que el verdadero escándalo no estuviera solo al volante, sino también en la cadena de protección que pudiera rodearlo.
El ministerio reaccionó como una institución consciente del riesgo. El ministro del Interior, Erzhan Sadenov, envió a Almaty a altos cargos de seguridad interna, policía administrativa y unidades de personal. Además, abrió investigaciones penales por la posible expedición ilegal de matrículas estatales y por la presunta inacción del conductor adscrito a uno de los jefes del departamento de policía. El subdirector de la policía de Almaty responsable de seguridad vial, junto con los jefes de la policía administrativa y de seguridad pública, fueron destituidos.
El conductor del Zeekr fue detenido después de que un tribunal autorizara su ingreso en prisión preventiva. Las autoridades dijeron que presentaba una intoxicación leve en el momento del choque, aunque la causa anunciada públicamente se abrió en virtud del apartado 4 del artículo 345 del Código Penal de Kazajistán, que castiga las infracciones de tráfico que causan por negligencia la muerte de dos o más personas. La pena prevista en ese artículo alcanza un máximo de 10 años de prisión.
El contexto general de la seguridad vial tampoco hace que este caso parezca una anomalía. Kazajistán registró más de 36.000 accidentes de tráfico en 2025, un 14,4 por ciento más que el año anterior. Más de 51.000 personas resultaron heridas y unas 2.300 murieron. Alrededor de un tercio de todos los siniestros se concentraron en la ciudad de Almaty y en la región de Almaty, una estadística ya de por sí sombría, y más aún cuando uno de los accidentes con mayor repercusión del país se produjo precisamente en esa misma zona.
Ahí reside el peso de esta historia. No trata solo de un Mercedes destrozado y de un conductor de Zeekr que sobrevivió. Trata de la sospecha, ya lo bastante seria como para costar el puesto a altos mandos y activar investigaciones penales, de que el exceso de velocidad en las carreteras de Almaty puede perseguirse de forma distinta según quién conduzca. Cuando esa sospecha entra en el expediente, el choque deja de ser solo una tragedia. Se convierte en una prueba de si el Estado está investigando una colisión, o a sí mismo.
